En América Latina, 1 de cada 5 personas vive en un asentamiento urbano precario donde sus derechos son vulnerados diariamente. Por eso, 27 organizaciones y redes con sede en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Guatemala, México, Perú, y Uruguay que trabajan en materia de vivienda, tierra, hábitat y derechos humanos expondrán esta realidad por primera vez ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). También participará un habitante del barrio Rodrigo Bueno, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires, quien expondrá sobre las problemáticas que se viven allí.
A partir del Relevamiento de Asentamientos Informales que realizó TECHO en 2013, existen existen 56 asentamientos, que reúnen a 73.325 familias. A partir de una investigación realizada en 9 provincias del país, TECHO identificó a más de 530.000 familias que habitan en esta situación, agrupadas en 1.834 asentamientos. La información arrojó también que el 25% existe hace más de 50 años, lo que da cuenta del carácter estructural del problema. El 90% de los encuestados no tiene acceso regular a agua potable y el 74% carecen de conexión formal a energía eléctrica.
Esta audiencia regional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de los habitantes de asentamientos informales se realizará en el marco del 154° periodo de sesiones de la CIDH, el viernes 20 de marzo a las 17.45 hrs (Hora de Washington DC) en el Salón Rubén Darío. Será transmitida en vivo por Internet.
Conoce los resultados de la audiencia:
“Nosotros vemos esta audiencia como un paso importante para reivindicar su situación”, asegura Agustín Algorta, director social de TECHO y agrega: “Hoy, en un continente eminentemente urbano, los asentamientos informales son la cara más visible de la desigualdad y espacios de concentración crítica de la pobreza en las ciudades, por lo que celebramos que se visibilice su situación ante un espacio internacional”.
#AsentamientosenAgenda
Información extraída del comunicado oficial de las organizaciones que lideran la audiencia:
Nuestra región es entre las más urbanizadas del planeta, con cerca del 80% de las personas habitando estos espacios (ONU-Hábitat). Las migraciones internas masivas y otros fenómenos sociales han desbordado las capacidades de los Estados de asegurar un hábitat digno, que incluye vivienda, condiciones ambientales seguras, infraestructuras y servicios básicos, escuelas y centros de salud, entre otros elementos.
Muchas personas tuvieron que buscar un espacio para vivir en las periferias de las ciudades, donde había suelo barato o vacante sin servicios y en zonas de mucho riesgo ambiental, sea por contaminación del suelo o del aire, posibles derrumbes o inundaciones, o por su cercanía a basurales abiertos. Además, en algunos casos, ocuparon tierras, exponiéndose al desalojo y a la persecución legal.
En estos barrios, las estructuras suelen ser construidas con materiales inapropiados y los habitantes no tienen acceso a servicios básicos, como agua corriente o saneamiento. También existen situaciones en las que las personas viven hacinadas. En una palabra: las condiciones de vida en los asentamientos precarios llevan consigo una serie de violaciones a los derechos humanos en general y a los derechos económicos, sociales y culturales en particular.
A pesar de que, según algunas estimaciones, los países latinoamericanos han invertido entre el 2% y el 8% de su Producto Interno Bruto (PIB) en programas de vivienda para los sectores más pobres, sigue aumentando el déficit habitacional cuantitativo. Es decir, la demanda supera ampliamente la construcción de nuevas viviendas.
Además, un gran número de viviendas sociales han sido construidas con la intermediación del sector privado, lo que implicó importantes alteraciones en los planes urbanos vigentes. Esto, lejos de contribuir al desarrollo integral de las ciudades y de sus habitantes, promovió un modelo de fragmentación física y social donde los grandes beneficiarios son los constructores y los agentes inmobiliarios y no la población que recibe viviendas inadecuadas en tamaño, ubicación, servicios y articulación con la trama urbanizada.
Algunas soluciones a esta problemática dependen del Estado, sus políticas públicas de vivienda y de protección social, empleo y desarrollo, y su intervención en el mercado inmobiliario. Otras han sido planteadas y puestas en práctica por los propios habitantes urbanos sin que hasta el momento se encuentren suficientemente reconocidas y respaldadas.
