La organización TECHO Ecuador difundió los resultados del relevamiento de información que realizó en los cantones de Jama, San Vicente y Sucre, correspondientes a la provincia de Manabí, y el cantón de Muisne, de la provincia de Esmeraldas. El estudio se enfocó en los asentamientos que resultaron más afectados por el terremoto. De los 2.780 hogares encuestados, 2.259, el 81%, indicaron que su vivienda sufrió daños estructurales importantes. En cuanto al nivel de afectación, del total de hogares relevados, el 60% indicó que su vivienda estaba “destruida” y era “irrecuperable”, mientras que el 21% señaló que su vivienda tiene “impactos estructurales importantes pero aún es habitable”. En función de la categorización previa, se considera que 2.259 hogares perdieron sus viviendas, dados los daños señalados.
Desde previo al terremoto, muchas de las familias enfrentan una emergencia anterior: la situación de pobreza. Para Juan Pablo Duhalde, director del Centro de Investigación Social (CIS) de TECHO Internacional, catástrofes como esta golpean con un énfasis particular a quienes viven en asentamientos informales o en situación de vulnerabilidad.
Esta situación representa un verdadero desafío en provincias que previo al terremoto se encontraban un 20% por encima del porcentaje nacional de pobreza por necesidades básicas insatisfechas (Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, INEC, 2014). En Manabí el 54% de la población, y el 56,3% en Esmeraldas (INEC, 2014). En cuanto a calidad de vivienda y acceso a servicios básicos, el Censo de Población y Vivienda realizado en el 2010 revela que ambas provincias figuran con un mayor nivel de déficit habitacional y menor cobertura de servicios en comparación al porcentaje nacional.
Las fuentes de ingreso más importantes de los hogares encuestados por TECHO eran la pesca, los oficios por cuenta propia -como albañilería, carpintería- y la figura de jornalero. El 83% de los hogares indica que dos de sus principales fuentes de ingreso fueron afectadas (2.307 hogares), mientras que el 15% señala que al menos una de sus fuentes de ingresos persiste. Solo un 2% de las familias relevadas manifestó que ninguna de sus fuentes de ingreso se vio interrumpida por causa del terremoto.
Otro dato revela que la mayoría de los hogares afectados por el terremoto se encuentran en refugios improvisados (48%), es decir, viviendas construidas a partir de materiales provisionales como lonas y plásticos, así como con restos de su anterior vivienda.
La otra emergencia
Duhalde explica: “No son hechos aislados que tenemos que recordar cuando pasan estos sucesos lamentables, sino que debemos enfocarnos también en la emergencia que ha sido construcción de la misma sociedad: como excluir y obligar a parte de nuestra población a vivir en condiciones no aptas para la vida, en zonas de riesgo, en los bordes del territorio”.
“La capacidad de respuesta está también determinada por el nivel de conocimiento del territorio. Para eso se requieren instituciones, planificación de largo plazo y espacios de participación ciudadana que permitan construir y monitorear colectivamente estas acciones”, concluye Duhalde. Puntos que adquieren particular relevancia en el proceso hacia la Tercera Conferencia sobre Vivienda y Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, Hábitat III, que se realizará en octubre, en Quito, Ecuador y definirá los lineamientos para la elaboración de políticas con impacto en las ciudades por los próximos veinte años.
Acerca del informe
El informe se realizó como parte del plan de acción de TECHO tras el terremoto. Con los datos relevados la organización definirá las actividades de construcción de viviendas de emergencia y otras iniciativas, en articulación con los mismos pobladores, otras organizaciones de la sociedad civil, gobierno y el apoyo económico de empresas y particulares.
La información fue provista por el jefe o jefa de hogar, o un integrante mayor de edad. El entrevistado fue quien calificó el daño de la vivienda, con la indicación de que la categoría daños estructurales importantes corresponde a aquellas viviendas que sufrieron daños o alteraciones en muros, losas, columnas y vigas.
El operativo se realizó con la colaboración de 140 voluntarios que fueron capacitados para las diferentes etapas de realización del estudio. La etapa de relevamiento se desarrolló entre el 31 de abril y el 1 de mayo.
La organización ya ha actuado anteriormente en situaciones de emergencia como las inundaciones en Paraguay (2015) y México (2007); los terremotos en Haití (2010), Chile (2010), Costa Rica (2009) y Perú (2007); además de la causada por el Huracán Ida en El Salvador (2009).
